Resumen.
El anteproyecto propone adicionar al Código Penal un capítulo sobre delitos contra la seguridad alimentaria. Sancionaría con prisión de seis a ocho años la introducción de alimentos de origen vegetal o animal para su comercialización en el territorio nacional sin los permisos exigidos, cuando la conducta atente contra la soberanía alimentaria o la producción agropecuaria nacional. La misma pena alcanzaría a determinados funcionarios y a quienes manipulen o transporten esos productos.