Resumen.
El proyecto establece el uso obligatorio de cámaras corporales por la Policía Nacional en determinadas actuaciones. Regula la conservación, el acceso y el valor jurídico de sus grabaciones. También fija supuestos en los que no se graba, procedimientos para solicitar y publicar vídeos, consecuencias por alterar registros y reglas aplicables a los vídeos obtenidos mediante drones.