Resumen.
El proyecto propone modificar ocho artículos del Código Penal sobre delitos ambientales y decisiones urbanísticas contrarias a la normativa. Las reformas abarcan información y autorizaciones ambientales, incumplimiento de instrumentos aprobados y construcciones no autorizadas. Establece penas de prisión para particulares y servidores públicos, prevé aumentos cuando ciertas conductas causen daños e incorpora la reforestación de bosques o limpieza de áreas protegidas entre las penas accesorias.