Resumen.
El anteproyecto propone modificar la Ley 350 de 21 de diciembre de 2022 en materia de idoneidad para ejercer la abogacía. Define los requisitos para que la Corte Suprema de Justicia otorgue el certificado, deroga dos artículos y establece sanciones para servidores públicos que faciliten el ejercicio ilegal o impidan la gestión de un abogado. Dispone su vigencia desde la promulgación.