Resumen.
El proyecto propone incorporar al régimen de contratación pública requisitos para ocupar los cargos de director general y subdirector general. Exige condiciones de nacionalidad, edad, formación, experiencia y solvencia moral, además de restricciones vinculadas con condenas, empresas contratistas y familiares. También prohíbe que quienes ocupen esos cargos tengan intereses económicos en empresas o servicios que contraten con el Estado.