Resumen.
El proyecto propone proteger a quienes denuncien posibles faltas administrativas o irregularidades patrimoniales vinculadas con corrupción. También ampara a quienes aporten información en investigaciones sobre hechos que afecten fondos o bienes públicos. Establece canales de denuncia, medidas preventivas para la identidad, la integridad y las condiciones laborales, y reglas para solicitar, mantener o concluir esa protección.