Resumen.
El proyecto propone excluir a funcionarios públicos, sus familiares y dirigentes de partidos de puestos de decisión en el deporte. La restricción alcanza a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y a puestos en federaciones deportivas y culturales, ligas provinciales y clubes. También establece informes y auditorías para las federaciones deportivas que reciban recursos estatales, prevé sanciones y condiciona el desembolso de fondos a la presentación de documentos contables y auditorías.