Resumen.
El proyecto propone incorporar al Código Penal un capítulo sobre delitos contra la seguridad alimentaria. Sancionaría con prisión la introducción, para su comercialización en el territorio nacional, de alimentos de origen animal o vegetal sin los permisos indicados cuando la conducta atente contra la soberanía alimentaria o la producción agropecuaria nacional. La misma pena alcanzaría a determinados funcionarios y a quienes manipulen o transporten esos productos.