Resumen.
El proyecto propone modificar el Código Penal para sancionar el abandono, la paralización, el encarecimiento y el deterioro de obras públicas. Las sanciones se refieren a conductas de servidores públicos relacionadas con obras financiadas con fondos públicos. Establece penas según la conducta y la cuantía del daño, contempla supuestos culposos y una exención por caso fortuito o fuerza mayor. Su entrada en vigor se fija a los tres meses de la promulgación.