Resumen.
La protección de las rompientes aptas para el surf se articularía mediante un radio de un kilómetro, un registro público y posibles santuarios de olas. El proyecto asigna tareas de evaluación, conservación y vigilancia a entidades públicas y municipios, y prevé restricciones, denuncias, auditorías y sanciones frente a actividades que alteren las rompientes y sus áreas aledañas.