Resumen.
Un programa de infraestructura pública daría oficinas propias a entidades e instituciones del Estado para reducir gradualmente el gasto de alquiler. Establece planes de construcción y remodelación, metas de reducción, un límite al precio anual de alquiler por metro cuadrado y reglas sobre el traslado de oficinas en el corregimiento de San Felipe y el cobro de estacionamientos.