Resumen.
El proyecto propone modificar los artículos 220 y 221 del Código Penal, relativos a la estafa como delito contra el patrimonio económico. Establece prisión de cuatro a seis años para quien obtenga mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otra persona, prevé un aumento de la sanción en determinadas circunstancias y fija prisión de 7 a 12 años para los supuestos enumerados de mayor gravedad.