Resumen.
El proyecto modifica el Código Penal para sancionar a servidores públicos que cobran del Estado sin prestar el servicio para el que fueron designados. También propone penas de prisión para quien acepta un nombramiento sin trabajar, sin causa justificada, y para quien lo realiza con ese fin, con agravaciones vinculadas al perjuicio patrimonial y a la percepción de parte del salario.