Resumen.
El proyecto propone reformar el artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 para regular la improbación de órdenes de pago contra un Tesoro Público. La reforma también comprende los actos administrativos que afecten un patrimonio público. Ante la insistencia del funcionario u organismo que los emitió, la Contraloría General de la República tendría que cumplirlos o pedir un pronunciamiento judicial sobre su viabilidad jurídica.