Resumen.
El proyecto propone incorporar a la legislación de contratación pública requisitos para ocupar los cargos de director general y subdirector general. Incluye condiciones de nacionalidad, edad, formación, experiencia y antecedentes, así como restricciones por vínculos familiares y empresariales con contratistas del Estado. También les impediría mantener intereses económicos en empresas o servicios que contraten con el Estado.