Resumen.
El anteproyecto propone reglas especiales para investigar y procesar delitos contra la administración pública y hechos que perjudiquen bienes estatales. Regula técnicas de investigación, protección de intervinientes, aprehensión de bienes y cooperación internacional; además, modifica disposiciones penales sobre daños al patrimonio estatal, corrupción y otros delitos, y limita la suspensión condicional del proceso.