Resumen.
El proyecto propone modificar disposiciones del Código Penal sobre delitos contra la administración pública. Reordena las conductas y penas relativas a la aceptación y oferta de beneficios indebidos, el uso de información reservada, el cobro sin prestar servicios, el enriquecimiento injustificado y las irregularidades en la contratación pública. También incorpora una pena específica cuando estas últimas conductas derivan en la ejecución de un contrato y afectan fondos o bienes estatales.