Resumen.
El proyecto propone el derecho al olvido oncológico en la contratación de servicios bancarios, crediticios y de seguros. Una vez transcurridos cinco años desde la finalización del tratamiento sin recaída posterior, la persona no estaría obligada a declarar sus antecedentes oncológicos y las entidades no podrían utilizarlos para imponer condiciones más onerosas, exclusiones, restricciones o discriminaciones. También incorpora estas reglas a la legislación de seguros, banca y empresas financieras.