Resumen.
El proyecto propone distribuir el conocimiento de determinadas conductas patrimoniales entre jueces comunitarios y la jurisdicción penal. La distribución depende de la cuantía, la reincidencia y la existencia de agravantes. También dispone un registro digital para verificar antecedentes correccionales, modifica reglas de competencia del Código Judicial y del Código Procesal Penal, y cambia un supuesto de sanción del Código Penal.