Resumen.
El anteproyecto propone proteger la presunción de inocencia al limitar la información que comunican los servidores públicos sobre personas investigadas. La medida se refiere a quienes no hayan sido condenados o responsabilizados por sentencia en firme. Adiciona un artículo a la Ley 69 de 2007 con sanciones graduales para esos servidores y establece cómo se imponen, sin afectar la posibilidad de que la persona agraviada acuda a la esfera penal.