Resumen.
El anteproyecto propone modificar disposiciones del Código Penal sobre delitos contra la administración pública. Abarca la apropiación y el uso indebido de bienes públicos, el cobro de tributos inexistentes, el tráfico de influencias, los abusos y omisiones de servidores públicos, la usurpación de funciones y las conductas que obstaculizan la actuación de autoridades o afectan documentos bajo custodia pública.