Resumen.
El proyecto propone prohibir el uso directo o indirecto de fondos públicos para pagar seguros privados de salud a funcionarios públicos. La prohibición se aplicaría cualquiera que sea su cargo o la entidad en que trabajen. Impide celebrar nuevos acuerdos para financiarlos, permite que los contratos vigentes lleguen solo hasta su vencimiento y destina los recursos antes asignados a esos seguros al presupuesto de las instituciones públicas de salud.