Resumen.
El proyecto propone proteger la presunción de inocencia al limitar la información que los servidores públicos comunican sobre personas investigadas. El límite se refiere a quienes no hayan sido condenados o responsabilizados por sentencia en firme. Para ello, adiciona el artículo 18-A a la Ley 69 de 2007, establece sanciones progresivas por divulgar esa información y regula la imposición de las sanciones.