Resumen.
El anteproyecto exige que las leyes futuras indiquen expresamente si necesitan reglamentación y fijen el plazo para que el Órgano Ejecutivo la emita. Establece un límite general de seis (6) meses, una excepción para materias técnicas o procedimentales, un plazo para reglamentar leyes anteriores pendientes y la posibilidad de acudir a las autoridades judiciales para exigir el cumplimiento de ese deber.