Resumen.
El anteproyecto propone un régimen para presentar y tramitar acciones colectivas por daños o riesgos que afecten a grupos determinados o determinables. Define quiénes pueden promoverlas, qué deben contener las demandas, cómo se informa e incorpora a las personas afectadas y qué efectos y formas de reparación puede establecer la sentencia. También prevé un registro público y reglas para facilitar el acceso y supervisar la ejecución.