Resumen.
El proyecto propone cambiar los requisitos para adjudicar tierras y excluir a determinados altos cargos públicos de esas adjudicaciones. La exclusión también alcanza a sus allegados y sociedades vinculadas. Fija límites de superficie, prevé excepciones justificadas, crea una plataforma pública de información y dispone la revocación del título cuando se detecte un uso fraudulento o clientelista.