Resumen.
El proyecto propone una licencia y supervisión obligatorias para quienes prestan servicios de activos virtuales a terceros en la República de Panamá. Define los activos y las actividades comprendidas, fija deberes de prevención del blanqueo de capitales, seguridad y atención a usuarios, y atribuye a la Dirección General de Empresas Financieras funciones de regulación, inspección y sanción.