Resumen.
El proyecto propone la contratación local de al menos el 25 % de trabajadores calificados en obras de infraestructura financiadas por el Estado. Las empresas privadas deben contratar a quienes tengan su residencia principal en las comunidades, corregimientos o distritos donde se desarrollen las obras. También establece mecanismos de reclutamiento local, una bolsa de empleo en línea y una condición de contratación local para la adjudicación de esos proyectos.