Resumen.
El anteproyecto propone modificar la Ley 81 de 2019 para precisar la potestad sancionadora en materia de datos personales. También aborda las vías de impugnación y las infracciones muy graves. Establece criterios para graduar las sanciones, dispone el cobro de las sanciones pecuniarias impagas y crea un registro público limitado a sanciones administrativas firmes por infracciones graves o muy graves.