Resumen.
El anteproyecto propone incorporar al Código Penal el delito de enriquecimiento injustificado para quienes no sean servidores públicos. Abarca a quienes obtengan, posean o mantengan bienes, activos o recursos cuyo origen no puedan justificar frente a sus ingresos, actividades económicas o antecedentes patrimoniales. Establece penas de prisión, multa y posible comiso, y dispone que el delito alcance a personas naturales y jurídicas.