Resumen.
El anteproyecto propone reconocer los activos digitales de una persona fallecida y regular sus efectos sucesorios según su voluntad. Define esos activos, permite que el juez ordene actuaciones para identificarlos, conservarlos o valorarlos, y da prioridad a las instrucciones expresadas en vida por el causante sobre su acceso, administración, transmisión o eliminación.