Resumen.
El anteproyecto propone limitar la apelación de sentencias absolutorias dictadas en primera instancia por los Tribunales de Juicio. La regla se añadiría al Código Procesal Penal e impediría apelar al Ministerio Público y a la querella particular. Establece excepciones tasadas para los recursos del Ministerio Público, un trámite sumario de admisibilidad y una protección expresa contra la nueva persecución penal por los mismos hechos.