Resumen.
El proyecto propone un marco de ciberseguridad para organismos del Estado, prestadores de servicios esenciales y operadores de importancia vital. Crea una autoridad reguladora, órganos consultivos, una red estatal de conectividad y un equipo nacional de respuesta a incidentes. También establece deberes de prevención, certificación y reporte, mecanismos de coordinación entre autoridades y reglas de reserva de información.