Resumen.
El proyecto propone un marco para prevenir, detectar y perseguir las estafas cometidas mediante plataformas digitales y servicios de comunicación. Asigna tareas de coordinación, educación y cooperación a entidades públicas, y exige a bancos y operadores de telecomunicaciones controles, alertas y asistencia a sus clientes. También establece medidas frente a cuentas, llamadas y transacciones sospechosas, así como infracciones sectoriales y una entrada en vigor diferida.