Resumen.
El proyecto propone añadir el artículo 15-A a la Ley 69 de 2007 para remitir datos de personas condenadas por estafa u otros fraudes. Los datos se remitirían a bancos y operadores de telecomunicaciones en la República de Panamá. Dispone su confidencialidad y supresión, el intercambio de alertas sobre posibles actividades fraudulentas y su consideración al evaluar solicitudes y gestionar riesgos.