Resumen.
El anteproyecto propone un marco para investigar delitos contra la Administración Pública y el blanqueo de capitales derivado de ellos. Abarca el enjuiciamiento de esos delitos y de otras conductas delictivas en perjuicio del Estado; regula técnicas especiales de investigación, colaboración con las autoridades, protección de participantes en el proceso y cooperación internacional para localizar y recuperar activos. También modifica reglas procesales, penales y de debida diligencia.