Resumen.
El proyecto propone proteger a los defensores ambientales y a quienes participan en asuntos ambientales frente a acciones judiciales infundadas o abusivas. La protección comprende la participación pública y establece un incidente de desestimación temprana para procesos civiles, administrativos y penales, con suspensión del proceso y carga probatoria para quien promovió la acción. También prevé el pago de costas y gastos, una caución y una multa en casos de mala fe o abuso del derecho.