Resumen.
El anteproyecto modifica el procedimiento ante indicios de enriquecimiento injustificado detectados por la Contraloría General de la República. Fija un plazo para remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación y otro para que el Ministerio Público se pronuncie sobre el inicio de la investigación. También regula las medidas cautelares sobre bienes, la coordinación entre entidades y las sanciones administrativas para funcionarios que obstaculicen la remisión de información.