Por la cual se adopta la ley general anticorrupción, se modifica el código procesal penal y se dictan otras disposiciones.
El anteproyecto propone investigar delitos contra la Administración Pública, el blanqueo de capitales derivado de ellos y otros delitos contra el Estado. Regula técnicas especiales de investigación, colaboración con las autoridades, protección de denunciantes, cooperación internacional y restitución o recuperación de activos. También modifica normas procesales penales, penales y de debida diligencia.
La dirección se construyó con la ficha; sin cotejo documental ni comprobación de disponibilidad.
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