Resumen.
El proyecto establece medidas frente a conductas agresivas o peligrosas que afecten la convivencia social, la integridad personal o la salud pública. Las medidas son preventivas, psicosociales, administrativas y, cuando corresponda, penales. Define cuándo una conducta constituye un riesgo, permite ordenar evaluaciones y otras medidas antes de que se produzca un daño grave, y dispone la intervención de autoridades competentes cuando haya perjuicios a terceros o personas que requieran protección integral.