Resumen.
El anteproyecto propone regular el tratamiento de identificadores y geolocalización de dispositivos móviles en determinadas investigaciones penales. La condición se incorporaría a la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 y abarcaría investigaciones por robo, hurto o receptación de esos dispositivos. Exige autorización judicial motivada, delimita la obtención y el uso de los datos, fija la duración de su suministro y establece deberes de protección, eliminación y supervisión.