Resumen.
El anteproyecto propone sancionar la devolución de salarios y otros emolumentos pagados con fondos públicos. La sanción se aplicaría cuando la devolución se exige o pacta en relación con un nombramiento, contratación o designación estatal; plantea penas de prisión e inhabilitación para servidores públicos e intermediarios, reglas de restitución y comiso, y una modificación del delito de enriquecimiento injustificado.