Resumen.
El anteproyecto propone financiar de forma permanente los programas de prevención de las violencias, la delincuencia y las conductas antisociales. Los programas del Ministerio de Seguridad Pública contarían con un fondo de destinación específica administrado mediante un fideicomiso y una junta directiva encargada de aprobar planes y prioridades. También establece criterios para seleccionar comunidades y programas, obligaciones de información pública y controles sobre los recursos.