Resumen.
El anteproyecto prohíbe beneficios financiados con recursos del Estado sin vínculo estricto y razonable con las funciones de los servidores públicos. Enumera usos personales de fondos, bienes y créditos públicos, asigna competencias de fiscalización y disciplina, fija plazos para tramitar denuncias y establece sanciones que incluyen reintegros, suspensión, destitución e inhabilitación.