Que establece la obligación de restitución íntegra del patrimonio público afectado por la comisión de delitos contra la administración pública y dicta otras disposiciones.
El anteproyecto propone la restitución íntegra de los recursos públicos vinculados a delitos contra la Administración Pública. Las personas condenadas mediante sentencia penal ejecutoriada deberían restituirlos al Estado; se establecen mecanismos de recuperación y cobro, remisión de sentencias a las entidades competentes y consecuencias para la contratación estatal. También regula el reporte de convenios de pago incumplidos y encarga la reglamentación al Órgano Ejecutivo.
La dirección se construyó con la ficha; sin cotejo documental ni comprobación de disponibilidad.
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