Resumen.
El anteproyecto propone modificar disposiciones del Código Penal sobre delitos contra la administración pública. Reescribe conductas y penas relativas al manejo de bienes públicos, corrupción, enriquecimiento injustificado, cobros indebidos, tráfico de influencia, abuso de autoridad y delitos contra servidores públicos. El texto también incluye disposiciones sobre fraude en la contratación pública y fija su entrada en vigor para el día siguiente a su promulgación.