Resumen.
El anteproyecto propone reglas generales para reconocer y pagar bonificaciones por antigüedad con recursos públicos. Se aplicarían a instituciones, entidades autónomas y semiautónomas, dependencias estatales y universidades públicas. Establece requisitos de edad y servicio, exclusiones, un plazo para solicitar el beneficio y una escala basada en el último salario. Mantiene separada la prima de antigüedad y fija su entrada en vigor para el 1 de enero del año 2028.