Resumen.
El anteproyecto propone evaluaciones semestrales para jubilados o pensionados que siguen trabajando como servidores públicos. Las evaluaciones serían obligatorias. Establece causales de desvinculación vinculadas al desempeño y la idoneidad, un procedimiento con recursos administrativos y la conservación de la pensión y del derecho a indemnizaciones por retiro voluntario. También encarga su reglamentación y fija la entrada en vigor desde la promulgación.