Resumen.
El anteproyecto propone proteger con celeridad a los educadores que denuncien violencia contra niños, niñas y adolescentes. Aplicaría las medidas previstas en las leyes de la República cuando comuniquen hechos de violencia o vulneración de derechos. También dispone protocolos de actuación, capacitación, campañas y avisos preventivos en los centros educativos, además de medidas frente a amenazas o represalias derivadas de la denuncia.