Resumen.
El anteproyecto propone derogar íntegramente la Ley 92 de 7 de noviembre de 2013, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado panameño y VERA GOLD CORPORATION, publicado en la Gaceta Oficial. La exposición de motivos situaría la concesión en Cañazas y San Marcelo, en el distrito de Cañazas, y en el corregimiento de Bisvalles, distrito de La Mesa, provincia de Veraguas. Vincularía la iniciativa con la protección del ambiente, los recursos naturales y las comunidades.
Como fundamento, invocaría la Constitución Política, el Acuerdo de Escazú, aprobado mediante la Ley 125 de 4 de febrero de 2020, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. También citaría la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. Recogería antecedentes de monitoreo en La Gorda y la quebrada Veneno, próximos a la antigua mina de Remance, diferenciándolos de la concesión de VERA GOLD CORPORATION.
Tras la derogación, el Ministerio de Comercio e Industrias, por conducto de la Dirección Nacional de Recursos Minerales, debería iniciar las actuaciones administrativas legalmente procedentes para determinar y hacer efectiva la terminación o extinción de los derechos derivados del contrato. La decisión requeriría una resolución debidamente motivada y la observancia de las garantías constitucionales y legales correspondientes.
El Ministerio de Ambiente coordinaría con el Ministerio de Comercio e Industrias, el Sistema Nacional de Protección Civil y las demás autoridades competentes las medidas de evaluación y prevención de riesgos ambientales y geológicos en el área concesionada. Estas comprenderían el monitoreo de cuerpos de agua, la estabilidad de instalaciones y depósitos de residuos y la identificación de eventuales obligaciones de restauración. La derogación no extinguiría responsabilidades ambientales ni obligaciones legales de reparación. Las controversias sobre los efectos patrimoniales de la terminación serían resueltas por las autoridades competentes conforme a la Constitución y al ordenamiento aplicable.
Se declararía zona de emergencia ambiental la antigua mina de Remance, en el distrito de San Francisco, y los sectores de la cuenca del río Santa María potencialmente afectados por el deslizamiento y desplazamiento de materiales derivados del sismo del 9 de octubre de 2026. El Ministerio de Ambiente delimitaría el área de intervención con criterios técnicos y científicos y podría ampliarla según las evaluaciones.
Se crearía el Observatorio Ambiental de Remance con representantes del Ministerio de Ambiente, del Consejo Directivo de la Cuenca del Río Santa María y de las juntas comunales comprendidas. Daría seguimiento a estudios de agua, suelo, sedimentos y sustancias de riesgo; evaluaría efectos aguas abajo; promovería participación comunitaria y acceso público a información; coordinaría medidas de prevención, mitigación, restauración, remediación y protección del abastecimiento de agua; y emitiría informes periódicos y recomendaciones urgentes y de mediano plazo. El Ministerio de Ambiente coordinaría técnicamente y publicaría sus resultados. El Órgano Ejecutivo evaluaría las recomendaciones y comunicaría sus medidas o los fundamentos de su decisión.
La emergencia se mantendría mientras persistieran sus riesgos, con evaluación técnica periódica, sin sustituir competencias sanitarias, ambientales o de gestión de riesgos ni eximir responsabilidades por daños. El articulado reiteraría la derogación y dispondría vigencia desde la promulgación. Sus disposiciones relacionarían a las autoridades ambientales, mineras, de protección civil y comunitarias mencionadas, y alcanzarían a la empresa concesionaria, las comunidades de la cuenca y los sectores minero, agropecuario y de abastecimiento de agua.
Qué propone.
- Deroga la ley aprobatoria del contrato de concesión minera de VERA GOLD CORPORATION.
- Establece actuaciones administrativas y medidas de evaluación y prevención de riesgos ambientales y geológicos.
- Declara una emergencia ambiental y crea un observatorio de seguimiento y coordinación.
- Mantiene las responsabilidades ambientales y las obligaciones de reparación.
A quién afectaría.
- VERA GOLD CORPORATION y los responsables de eventuales daños ambientales.
- Autoridades competentes en minería, ambiente, protección civil y salud.
- Comunidades y juntas comunales del área de la antigua mina de Remance.
- Comunidades de los sectores potencialmente afectados de la cuenca del río Santa María.
Puntos clave.
- Deroga íntegramente la ley que aprueba el contrato de concesión minera entre el Estado panameño y VERA GOLD CORPORATION y reitera esa derogación.Arts. 1-7
- Encarga al Ministerio de Comercio e Industrias, mediante la Dirección Nacional de Recursos Minerales, tramitar la terminación o extinción de los derechos de concesión mediante resolución motivada y con garantías constitucionales y legales.Art. 2
- Dispone la coordinación de medidas para evaluar y prevenir riesgos ambientales y geológicos, monitorear cuerpos de agua, verificar la estabilidad de instalaciones y residuos e identificar obligaciones de restauración.Art. 3
- Conserva las responsabilidades ambientales y obligaciones de reparación y remite las controversias patrimoniales a las autoridades competentes.Art. 4
- Declara zona de emergencia ambiental la antigua mina de Remance y los sectores potencialmente afectados de la cuenca del río Santa María, con delimitación técnica y científica a cargo del Ministerio de Ambiente.Art. 5
- Crea el Observatorio Ambiental de Remance para seguir estudios ambientales, evaluar efectos aguas abajo, promover participación y acceso a información, coordinar medidas y emitir informes y recomendaciones.Art. 6
- Exige al Órgano Ejecutivo evaluar las recomendaciones y comunicar su decisión, y mantiene la emergencia mientras subsistan los riesgos, con evaluación técnica periódica y sin eximir responsabilidades.Art. 6
- Dispone la entrada en vigor a partir de la promulgación.Art. 8